La educación nunca es neutral. Las leyes que la regulan tampoco. Ante una nueva Ley Orgánica de Educación, es decir, ante el texto que establecerá el marco legal de mayor importancia en el ámbito educativo, no es posible permanecer callado.

La Asociación de Enseñantes con Gitanos, visto el texto que se ha hecho público de la futura Ley, quiere manifestar su preocupación ante el contenido de la misma y anima a la denuncia de los presupuestos ideológicos que la sustentan y a la alerta ante las repercusiones que una Ley así tendrá sobre la educación española y, en particular, sobre las familias gitanas.

Coincidimos con muchos de los análisis que han ido haciéndose públicos por parte de diferentes colectivos (sindicatos docentes, movimientos de renovación pedagógica, AMPAs, etc.) así como por destacadas personalidades de la pedagogía española (resaltamos aquí la aportación del denominado Foro de Sevilla). No es posible (no debería serlo) que una ley orgánica educativa pueda salir adelante con tal grado de oposición.

Nuestra posición ante la Ley, brevemente, se resume en los siguientes argumentos.

1. Nos manifestamos radicalmente en contra del sesgo economicista de un texto que, unas veces de manera sutil y otras de forma evidente, revela una concepción mercantilizadora de la educación y una antropología alejada de los planteamientos de nuestra asociación. La educación de hombres y mujeres debe aspirar la formación de personas completas, ciudadanos responsables y críticos, sociedades cohesionadas. Este principio general no puede sacrificarse por la única lógica de la formación de trabajadores cualificados. Parecería que, en el actual contexto de crisis, todo pudiera justificarse desde esta orientación.
   Una muestra especialmente burda la constituye la concepción asistencial de la Educación Infantil que se desprende del texto.
2. Son diversos los principios teóricos y las medidas que, a lo largo de la Ley, la dotan de un carácter segregador, tanto en relación al alumnado como, complementariamente, a las redes escolares pública y privada. Se legitima la selección en razón de la "medida del talento", se promociona la especialización de centros, se crean itinerarios para responder a tipologías de alumnado, se establece la medida de resultados y el establecimiento de rankings de centros, se promociona la red privada a través del impulso a conciertos y reconsideración de la zonificación… Todo este conjunto de medidas establecen un engranaje coherente a los principios de selección y segregación del alumnado, a la naturalización de sus diferencias en razón de sus "talentos", a la legitimación de su selección de acuerdo a razones "técnicas" (pruebas estándar, reválidas, medidas).
   Sabemos bien por nuestra experiencia que, cuando se instala este tipo de ideología, la diversidad pasa a utilizarse como factor de diferenciación, de segregación o, en su caso, de exclusión. Y en este proceso, no hay duda de que quienes más pierden son los más vulnerables.
3. Nos parece antidemocrática la forma en que se ha elaborado la Ley y absolutamente insuficiente el proceso de debate público de su contenido. Educar para la democracia sólo se hace desde su ejercicio real y cotidiano. La Ley anula de facto las funciones del Consejo Escolar de Centro y pervierte el sentido de participación democrática que, allá por el año 1985, estableciera la LODE. Casi treinta años después, enrojece leer algunos pasajes del texto justificando su modificación. Coherente con este espíritu antidemocrático es el nuevo perfil de la función directiva en la Ley: una visión gerencial y de mera representación de la Administración.
4. La Ley se fundamenta en una lamentable concepción curricular centrada en los resultados. La obsesión por la medida, la superación de pruebas estándar, la centralización del currículum, la desvalorización de determinadas áreas de conocimiento, etc. son medidas que van completando una concepción curricular sancionadora, seleccionadora y de control.
   Un enfoque curricular de estas características es contrario al propósito formativo y educativo que tiene el aprendizaje. En nuestra opinión tendría consecuencias nefastas para la atención y el tratamiento de la diversidad y condenaría las propuestas pedagógicas renovadoras y de innovación curricular.
5. Nos oponemos también al espíritu uniformizador de la Ley que se evidencia en diferentes aspectos del texto: desconsideración de la diversidad cultural, recentralización del currículum, desvalorización de las lenguas de las CC.AA…
6. La Ley manifiesta un carácter ideológico conservador absolutamente impertinente para lo que debiera ser la escuela aconfesional y moderna del siglo XXI. Son numerosos los ejemplos que acreditan esta naturaleza: la anulación de la Educación para la Ciudadanía, el aval a la segregación por sexos en centros concertados, la promoción de un nuevo estatus para la asignatura de Religión Católica…

En el marco de la reformas conservadoras de este gobierno, esta Ley educativa supone un instrumento muy poderoso de precarización de la red pública educativa, de promoción de la red privada y de legitimación de los procesos de selección del alumnado, cuando no de su segregación y naturalización de su desigualdad.

Como docentes, trabajadores sociales, educadores, ciudadanos, no podemos sino alarmarnos ante el contenido de esta Ley. Nuestros niños y niñas, nuestra ciudadanía, no merece una ley así. Desde la Asociación de Enseñantes con Gitanos queremos colaborar al debate público para conseguir una ley mejor.

Este documento ha sido elaborado a partir del trabajo de diversos Seminarios de la Asociación de Enseñantes con Gitanos celebrados durante el año 2013 y aprobado en la Coordinadora del 5 de octubre de 2013.