Desde hace muchos años nuestros documentos de posicionamiento luchan por hacer visible el daño que se realiza a la comunidad educativa que se encuentra en contextos vulnerables y vulnerados, al no realizarse una adecuada política que evite la reproducción de la desigualdad de oportunidades. En nuestros últimos 5 documentos ya hablábamos de:
Después de siete años denunciando la erosión grave de algunos derechos fundamentales con los anteriores documentos, la pandemia provocada por el COVID-19 y el corte de las clases presenciales no han hecho otra cosa que acrecentar esa brecha social que existía y demostrar que la brecha digital y su dilatación no solo se daba en dichos contextos vulnerables y vulnerados, sino que se ampliaba a otras personas de la comunidad educativa.
La exclusión social es un fenómeno estructural, dinámico, multifactorial, multidimensional e incluso usado políticamente según hemos comprobado en estos últimos meses. Su crecimiento ha traído aparejado un grave aumento de la brecha digital, siendo el colectivo más afectado el de siempre, el de las familias y centros que se encuentran en zonas desfavorecidas y/o en centros catalogados de difícil desempeño.
Por ello, haber considerado que el paso de la escuela presencial a una escuela virtual on-line podía conseguirse simplemente con el uso de pizarras digitales, blogs, plataformas educativas, páginas webs educativas, paliando la situación mediante la entrega de tabletas u otros dispositivos digitales, es no comprender la complejidad del contexto y la situación de partida de estas zonas.
El sistema sociopolítico ha pasado del concepto de “Sociedad de la información” (innovación tecnológica) al de “Sociedad del Conocimiento” (transformación social, cultural, económica, política, institucional), en muchos casos solo sobre el papel, acrecentándose los problemas, como siempre, en las zonas anteriormente mencionadas.
El estado de alarma en nuestro país ha supuesto que una gran cantidad del alumnado de los centros educativos no haya seguido los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera correcta; y, en muchos casos, incluso se haya perdido el contacto totalmente desde finales del segundo trimestre hasta la conclusión del curso escolar 2019/2020. Las administraciones estatal, autonómica o local han tratado de paliar el problema atendiendo a los diferentes contextos en los que se producía, pero no han desarrollado una propuesta raíz adecuada que solventara el problema de acceso y permitiera el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje en condiciones de igualdad.
No se ha entendido que la brecha digital no sólo se produce por la falta de acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Además, es necesario tener las competencias digitales para su correcto uso. Así, no es lo mismo seguir el proceso educativo durante todo un trimestre a través de un móvil de la unidad familiar que tener un ordenador con conexión a banda ancha; como tampoco es lo mismo tener acceso a una red wifi con tecnología 5G que tener wifi rural; y así sucesivamente. La brecha digital es fiel reflejo de la brecha social existente en nuestras sociedades. El uso de las TIC siempre ha sido una oportunidad para reducir la brecha social, pero los obstáculos que presentan (acceso, aspecto financiero, analfabetismo funcional y digital…) han producido un efecto inverso que se ha pronunciado exponencialmente en las primeras semanas del estado de alarma.
Como es sabido, la alfabetización digital se sustenta en cuatro dimensiones. Además de los obstáculos anteriores, durante este tiempo hemos comprobado cómo no solo las familias carecían de ellas, sino que, en algunos casos, los profesionales de la educación no las tenían correctamente desarrolladas:
En el propio VII informe FOESSA (2014) el porcentaje de población gitana afectada por la exclusión es superior al 72% frente al 23,5% de la población en general, dato que no ha mejorado en el informe posterior (2019).
Existe un amplio abanico de entidades de la esfera socioeducativa que lanzaron sus informes y diagnósticos en relación a esta temática. Nuestra entidad aguardó esperanzada que la maquinaria administrativa pública se pusiera de una vez “manos a la obra”; pero hemos visto que no solo no se ha solucionado adecuadamente dicho problema, sino que no se han planteado mejoras para el inicio de curso escolar 2020/21, ni una adecuada adaptación de las medidas preventivas para que el primer trimestre del nuevo curso académico no se convierta en un foco de rebrotes. La educación como otras tantas veces ha pasado a un segundo plano de importancia para la administración (del Estado), a pesar de que, desde nuestro punto de vista, es una de las mejores inversiones de futuro para reducir las desigualdades en un país democrático y moderno como el nuestro.
Por ello, atendiendo a todos los informes, estudios y hechos vividos en estos últimos meses, proponemos un decálogo para reducir la brecha social y digital o, al menos, paliar sus efectos con la mayor celeridad (acrecentada por el COVID-19) y no encontrarnos con una nueva generación de estudiantes a los que se le ha vulnerado sus derechos de igualdad y equidad en el proceso educativo obligatorio. Desde nuestro punto de vista, sería adecuado empezar a trabajar este decálogo para evitar que las secuelas de posibles rebrotes generados por la pandemia sean aún mayores en estas familias:
Debemos aprender de todos los errores, debilidades y amenazas del sistema educativo para que, en casos extremos, estemos preparados para afrontar una nueva recaída; y de camino comenzar a luchar por erradicar de una forma fehaciente esa brecha digital y social que durante años han arrastrado nuestro sistema educativo y sociedad. No podemos volver a la “normalidad de desigualdades”. El alumnado no puede volver a sentirse solo. Hay que hacer todo lo posible para minimizar esa pérdida de contacto humano en estos tiempos y formular otras formas de acercamiento personal ya sean de forma presencial o no presencial.
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Este documento ha sido elaborado por la Asociación de Enseñantes con Gitanos a lo largo de los meses de mayo, junio y julio de 2020
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